CARTA
ABIERTA A LOS PRESIDENTES LATINOAMERICANOS
Excelentísimos señores presidentes:
Luiz Inacio Lula da Silva - Brasil
Gustavo
Petro - Colombia
Gabriel
Boric - Chile
Andrés
Manuel López Obrador - México
Luis
Arce - Bolivia
Xiomara
Castro - Honduras
Bernardo
Arévalo - Guatemala
Su
Despacho. -
Señor Presidente. Reciba ante todo nuestro cordial y
respetuoso saludo. Quienes suscribimos la presente comunicación integramos la
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC), constituida desde
2014 e integrada mayoritariamente por intelectuales y activistas sociales
preocupados por la deriva autoritaria y anticonstitucional que ha tomado el
gobierno de Nicolás Maduro en la última década.
Mediante numerosas declaraciones[1] y más de 75 artículos publicados en los medios desde
2015, hemos fijado posición, hecho propuestas y también cuestionado diversas
medidas asumidas por el gobierno que constituyen abierta violación a las normas
democráticas de nuestra vigente Constitución Nacional; medidas que han ido
restringiendo, inexorablemente, el campo político para el accionar democrático
de los sectores de oposición en Venezuela (tanto de la derecha, del centro y de
la izquierda), impidiendo incluso el elemental desarrollo de protestas
ciudadanas, movilizaciones populares y otros eventos cívicos y pacíficos que
tenían como propósito denunciar y reclamar el asombroso nivel de pobreza
alcanzado en estos diez años, los descarados hechos de corrupción, la
inseguridad y en general el quebranto sustancial de los derechos humanos
fundamentales, todo lo cual ha provocado la migración forzada de más de 7
millones de venezolanos.
Los avances en la vida democrática y las medidas que
permitieron un salto progresivo en la legislación laboral que nos dejó el
gobierno del presidente Hugo Chávez, han sido vulnerados sistemáticamente por
el gobierno de Maduro desde su inicio, hecho justificado luego con el pretexto
de las medidas coercitivas unilaterales (MCU) que los gobiernos de Estados
Unidos y la Europa Occidental aplicaron y continúan aplicando como presión para
producir cambios políticos en el país. Rechazamos estas injerencistas MCU en su
momento y en numerosas oportunidades[2], considerando que las mismas han empeorado las
condiciones de vida de las grandes mayorías y de significativas minorías
nacionales, sin que, para nada, hayan afectado a la élite gobernante. En todo
momento, la PCDC ha reivindicado que la solución a la crisis venezolana debe
producirse sin injerencias externas y hemos valorado positivamente el
acompañamiento de los países hermanos de Nuestra América, y más allá de la
región, en la medida en que contribuyan a fortalecer los mecanismos
democráticos, pacíficos y constitucionales, que son los que pueden permitir que
Venezuela salga adelante en la búsqueda de la reinstitucionalización
democrática del país.
Como es sabido, en Venezuela está prevista la
realización de elecciones presidenciales para el próximo 28 de julio. En este
proceso electoral, el gobierno de Nicolás Maduro, cuyo poder ejecutivo
demuestra tener influencia decisiva en el resto de poderes públicos del país,
incluyendo el poder electoral, el poder judicial y el poder legislativo, ha
venido tomando una serie de medidas que entraban la participación electoral
democrática de los principales grupos de oposición y otras disidencias, siendo
las más resaltantes:
- · Inhabilitación
de candidatos electorales de la oposición, incluyendo varios que ya habían sido
anunciados por sus respectivas organizaciones políticas.
- · Intervención
judicial, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a varios de los partidos
políticos de oposición, cuya representación legal y las tarjetas destinadas a
la votación, le fue entregada a personajes cercanos al mismo gobierno de
Maduro. Esta situación ha significado que algunos de estos partidos, que han
inscrito sus respectivos candidatos presidenciales, actúen como marionetas
políticas en el escenario venezolano de acuerdo a las instrucciones que reciben
del partido gobernante PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela).
- · Destacamos
las medidas de intervención judicial contra partidos de izquierda que
decidieron hacer oposición a Nicolás Maduro. Es el caso del Partido Comunista
de Venezuela (PCV), el partido Patria Para Todos (PPT) y el partido Tupamaros,
cuyas directivas legítimas perdieron su legalidad, a pesar de que esas
directivas fueron elegidas democráticamente en los congresos internos de cada
partido. Ahora, existen dos representaciones de cada uno de esos partidos, la
representación legítima y verdadera, que se mantiene en oposición pero que no
se les permitió inscribir su candidato presidencial (que era el periodista de
larga trayectoria Manuel Isidro Molina), y la representación usurpadora que
tienen la “legalidad” y aparecen respaldando la candidatura de Maduro.
- · También
destacamos la actuación que ha ejercido el CNE para no legalizar otros partidos
de izquierda que hacen oposición a Maduro, como Marea Socialista, y la
ilegalización del partido Redes, liderada por el conocido dirigente chavista
Juan Barreto, que ahora hace oposición a Maduro. De manera general, el
gobierno, a través del CNE y del TSJ, ha impedido en los últimos años, y sigue
impidiendo, que existan partidos de izquierda inscritos legalmente y con
capacidad de participar en las diferentes elecciones nacionales, regionales y
locales
- ·
En el
desarrollo del actual proceso electoral, los lapsos establecidos para inscribir
candidatos, y para modificar los apoyos de los diferentes partidos legalizados,
vienen siendo modificados arbitrariamente por el mismo CNE. El sábado pasado,
20 de abril, el mismo CNE “se otorgó” una extraña prórroga de 72 horas, al
momento de vencer el lapso para modificar los respaldos de cada partido a los
candidatos inscritos, prórroga cuyas razones radican en que el mismo gobierno
de Maduro no sabía cuál medida tomar ante el acuerdo unánime de todos los
partidos de la PUD en apoyar al candidato Edmundo González Urrutia, sustituto
de María Corina Machado. Afortunadamente, y muchos comentaristas han dicho que
gracias a las declaraciones realizadas por el presidente brasileño Luiz Inacio
Lula Da Silva, el mismo martes 23 en que se vencía el plazo para modificar
respaldos candidaturales, ni el CNE ni el TSJ se atrevieron a tomar decisiones
que ilegalizaran al candidato opositor González Urrutia.
- · El CNE
ejecutó una labor obstaculizadora para el buen desempeño del lapso abierto
entre marzo y abril para la inscripción de nuevos votantes, y para la
modificación del centro de votación por cambio de residencia. Estos procesos se
realizaron exclusivamente en las capitales de los Estados del país, lo que
impidió que los nuevos votantes y los cambios de residencia de los ciudadanos
que viven en los centenares de municipios y parroquias de Venezuela, pudieran
efectuarse. Iguales trabas se presentaron para la inscripción de votantes en el
extranjero, siendo apenas cantidades mínimas, los ciudadanos residenciados en
el exterior que pudieron inscribir sus datos en el CNE.
- · El gobierno también recurre constantemente a la inhabilitación, por parte de la Contraloría General, de dirigentes políticos opositores, como ocurrió recientemente con dos alcaldes en ejercicio y tres ex-diputados. Junto a esto, también se viene produciendo la detención y judicialización de dirigentes políticos, líderes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos, acusados de estar implicados en presuntas conspiraciones que buscan derrocar al gobierno y asesinar al presidente de la República, aunque dichas acusaciones se basen en “delaciones” de algunas personas que “confiesan” autoinculpándose, pero sin tener el derecho a la defensa, y permanecen incomunicados de sus familiares y abogados privados. Tanto las inhabilitaciones, como la política represiva que genera terror entre los activistas opositores, son medidas que se contraponen totalmente a las garantías democráticas que deberían respetarse para el normal desarrollo del proceso electoral presidencial.
- Aunque el gobierno sufra un revés electoral, dada la opacidad y la falta de autonomía de los poderes del Estado, puede terminar imponiéndose el candidato oficial por seis años más. Nos preocupa, que, en este contexto, avanzaría el gobierno en la aprobación de leyes, tales como la Ley Antifascista, entre otras, que asfixian aún más las libertades democráticas. Por ello, nos inscribimos en la tarea de comunicar lo que ocurre al pueblo venezolano y también nos dirigimos a Ud., como líder y protagonista de la región, porque requerimos su gesto solidario, traducido en la observancia y con presencia hermanada en el contexto electoral y postelectoral del 28 de julio de 2024. Sabremos apreciar el acompañamiento, para que se respete la Constitución Nacional, así como los múltiples protocolos internacionales suscritos por la nación, que exigen aplicar la ley, rectificar, enmendar y reparar a fondo la actuación gubernamental contra su población civil en cualquier país, en tiempos de paz y democracia.
Apreciado señor presidente, nuestra Plataforma
Ciudadana en Defensa de la Constitución le tiene un gran respeto por su
destacada y larga trayectoria política en su país, en la cual ha defendido y
representado los valores democráticos más fundamentales. Son conocidas en
Venezuela, sus reiteradas declaraciones públicas demostrando preocupación ante
el agravamiento de la crisis política y económica en este nuestro país, y su
rechazo a las MCU aplicadas a Venezuela por EEUU y la UE, por ser violatorias
del derecho internacional y de la autodeterminación del pueblo venezolano.
Agradecemos las mismas, pues vienen cumpliendo un efecto muy positivo al
valorar, en todo momento, el respeto al orden legal constitucional, y la
preservación de los mecanismos que garanticen la participación electoral de
todos los sectores políticos democráticos, de modo que seamos los propios
venezolanos los que determinemos nuestro destino sin ningún tipo de injerencia
externa.
El presidente Hugo Chávez impulsó con mucha fuerza la
unidad de Nuestra América, reviviendo las propuestas de Francisco de Miranda y
de Simón Bolívar de constituir organizaciones de integración continental que
nos permitieran enfrentar en mejores condiciones el complejo sistema global,
que hoy está amenazado por el riesgo inminente y el desarrollo lamentable de
guerras en distintos puntos del globo terráqueo. Sabemos de su compromiso con
estas ideas integracionistas nuestroamericanas, y entendemos que su preocupación
por Venezuela nace de la importancia que nuestro país ha tenido en la historia
continental, junto a su país, y al resto de naciones hermanas, en la tarea por
constituir y consolidar esas instituciones integradoras que permitan que los
latinoamericanos actuemos ante el resto del mundo como una sola nación.
El buen desarrollo del actual proceso electoral
presidencial venezolano, que debe culminar el próximo 28 de julio de 2024,
estará garantizado con el acompañamiento de otras naciones de Nuestra América,
como Brasil, Colombia, Chile, México, Honduras, Guatemala y
Bolivia. Le exhortamos a continuar este acompañamiento a nuestro proceso
electoral, entendiendo que la confluencia de las fuerzas democráticas
latinoamericanas permitirá, en el futuro cercano, el fortalecimiento de las
posiciones de autonomía e independencia política y económica que se necesitan
para la superación de las actuales amenazas que se ciernen contra nuestros
pueblos, contra nuestras democracias, y contra los valores patriotas que han
guiado a nuestras naciones durante doscientos años.
Caracas, 01 de mayo de 2024
Por la PLATAFORMA CIUDADANA EN DEFENSA DE LA
CONSTITUCIÓN
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Gustavo Márquez Marín |
Héctor Navarro |
Edgardo Lander |
Ingeniero. Exministro
del presidente Chávez |
Ingeniero. Profesor
universitario. Ex-ministro del presidente Hugo Chávez |
Sociólogo. Profesor
universitario |
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Roberto López |
Oly Millán |
Santiago Arconada |
Historiador. Profesor
universitario |
Economista. Profesora
universitaria. Exministra del presidente Hugo Chávez |
Activista comunitario |
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Juan García |
Ana Viloria |
Luis Mogollón |
Activista Comunitario |
Trabajadora Social y
Activista Comunitario |
Activista Comunitario |